Contraloría informa sobre avances de operativos a funcionarios municipales
La Contraloría General de la República, en el marco del cumplimiento de sus funciones, viene concluyendo el operativo de control a escala nacional a municipalidades y gobiernos regionales, para evaluar la correcta designación de funcionarios de confianza.
El Vicepresidente de REMURPE, Flavio Mamani Hancco, se reunió con el Contralor General de la República, Nelson Eduardo Shack Yalta; quien adelantó el informe de “Evaluación de resultados de Operativo sobre evaluación de perfiles de funcionarios en los Gobiernos Locales y Regionales”.
Según la Contraloría General de la República, desde el pasado mes de abril hasta junio del presente, fiscalizó a 332 entidades subnacionales, entre ellas 25 gobiernos regionales, 196 municipios provinciales, 48 municipalidades distritales de Lima Metropolitana y 63 municipalidades distritales que carecen de Oficina de Control Interno (OCI).
Nelson Eduardo Shack Yalta precisó que la entidad autónoma desplegó 996 auditores, quienes tuvieron la labor de visitar a cada una de las entidades del Estado, para verificar la aplicación de la normativa vigente, incidiendo en que la designación del funcionario tenga el perfil requerido para las funciones previstas.
Según el plan de fiscalización de la Contraloría General de la República, los auditores cotejaron información de aproximadamente 7 mil funcionarios designados con diversas bases de datos públicos, a fin de verificar si están aptos para trabajar o contratar con el Estado, y si cuentan con el grado académico requerido para el cargo.
En la reunión realizada el 18 de junio, el titular de pliego de la Contraloría, señaló que los resultados serán comunicados al Ejecutivo, como a los titulares de pliego de las entidades sobre los hechos identificados a fin de que dispongan las medidas preventivas y correctivas.
Shack Yalta precisó que convocará a los representantes de los tres niveles de gobierno para realizar un análisis de los resultados alcanzados; asimismo deberá evaluarse si la norma vigente se ajusta a la realidad del país o es necesario reformarla para no repetir los mismos vicios.