Guía de Gestión Municipal del Coronavirus

Toda la información necesaria para afrontar la pandemia mundial desde la administración municipal.​

Guías y normas para la gestión del COVID-19

Aquí encontrarás información sobre guías y normas para la gestión sanitaria del Coronavirus.  

Gestión y distribución de canastas básicas familiares en el marco de la emergencia nacional por el Covid-19

Protocolo del manejo de cadáveres de fallecidos por Covid-19

Directiva Sanitaria Nº 087-MINSA/2020/DIGESA

Competencias y funciones de las municipalidades

Conoce cuáles son durante la emergencia sanitaria, incluyendo procesos de contratación, control de libertad de tránsito de las personas, salud pública, pagos dentro de la entidad y más.

Funciones de las municipalidades durante la emergencia sanitaria a nivel nacional
A través del Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declara emergencia sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario, y dicta medidas de prevención y control a raíz de la pandemia del Coronavirus (COVID-19).

Con la emisión de estas medidas, se busca evitar la propagación del Coronavirus, por ello, se han extraído aquellos puntos en donde las municipalidades pueden intervenir según sus competencias:

Respecto a los espacios públicos y privados

En el caso de actividades o eventos que impliquen la concentración de personas en espacios cerrados o abiertos que ofrezcan mayores riesgos para la transmisión del COVID-19, la municipalidad deberá contribuir con la difusión y sensibilización a los vecinos a fin de que eviten organizar o participar en actividades que supongan la aglomeración de personas. En caso de identificar lugares donde se realizan estas actividades, coordinar con la Policía Nacional a fin de que intervenga, en tanto el Ministerio del Interior (Mininter) es la entidad competente para brindar la autorización de eventos masivos.

Medidas de salubridad en mercados

Con el objeto de la prevención, las municipalidades pueden verificar que los establecimientos comerciales y mercados realicen acciones que contribuyan a evitar la propagación del COVID-19. Cabe precisar que es función exclusiva de las municipalidades distritales regular y controlar el aseo, higiene y salubridad en los establecimientos comerciales, industriales, viviendas, escuelas, piscinas, playas y otros lugares públicos.

Medidas dentro de la propia entidad

Las municipalidades deben adoptar medidas de prevención y control sanitario para evitar la propagación del COVID-19.

Recientemente, se ha emitido el Decreto de Urgencia N° 026-2020, que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus (Covid-19) en el territorio nacional, del cual se desprenden también acciones complementarias de las municipalidades.

Estas acciones suponen:

  • Coordinar con la Autoridad de Salud las actividades de fiscalización del cumplimiento de las disposiciones establecidas por esta, en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, así como contribuir a disminuir la afectación a la economía peruana por el alto riesgo de propagación del mencionado virus a nivel nacional. Para ello, deben adoptar las medidas correctivas para garantizar la vigencia efectiva de estas disposiciones. Entre estas, coordinar la fiscalización a actividades o eventos que impliquen la concentración de personas en espacios cerrados o abiertos que ofrezcan mayores riesgos para la transmisibilidad del COVID-19, fiscalizar que todos los establecimientos comerciales y mercados ayuden en labores de prevención.
  • La posibilidad de gestionar ante el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) para financiar la contratación de los servicios relacionados con la organización y desarrollo de una Red de Soporte para el Adulto Mayor con Alto Riesgo y la Persona con Discapacidad Severa, que se requieran para la organización y desarrollo de un servicio de visitas domiciliarias y seguimiento nominal en sus jurisdicciones. En ese marco, se ha autorizado al Programa Nacional Plataformas de Acción para Inclusión Social (PAIS) brindar asesoría y asistencia técnica para la gestión territorial a cargo de los Gobiernos Locales, en la implementación de la Red de Soporte para el Adulto Mayor con Alto Riesgo y la Persona con Discapacidad Severa.
  • Solicitar al Ministerio del Ambiente (Minam) la contratación de bienes y servicios para el manejo y tratamiento de residuos municipales y biocontaminados en el ámbito de Lima y Callao, para lo cual se ha facultado a dicho sector efectuar tales contrataciones, a fin de destinarlas a la prevención del COVID-19.

Base legal:

Proceso de contrataciones para municipalidades durante emergencia sanitaria
Ante la declaración de emergencia sanitaria por el ente rector del Sistema Nacional de Salud, se utiliza la contratación directa.

La entidad debe regularizar aquella documentación referida a las actuaciones preparatorias, el informe o los informes que contienen el sustento técnico legal de la Contratación Directa, la resolución o acuerdo que la aprueba, así como el contrato y sus requisitos, que a la fecha de la contratación no haya sido elaborada, aprobada o suscrita, según corresponda; debiendo en el mismo plazo registrar y publicar en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace) los informes y la resolución o acuerdos antes mencionados.

El plazo para hacer esta regularización es de máximo treinta (30) días hábiles, cuyo inicio cuenta desde que se efectúa la entrega del bien, la primera entrega en el caso de suministros, el inicio de la prestación del servicio o el comienzo de la ejecución de la obra, de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y conforme al Decreto de Urgencia N° 025-2020.

Para la regularización de la garantía, el plazo puede ampliarse por diez (10) días adicionales.

La situación de emergencia se conforma por alguno de los siguientes supuestos:

  • Acontecimientos catastróficos, que son aquellos de carácter extraordinario ocasionados por la naturaleza o por la acción u omisión del hombre que generan daños, afectando a una determinada comunidad.
  • Situaciones que afectan la defensa o seguridad nacional dirigidas a enfrentar agresiones de orden interno o externo, que atenten contra los fines del Estado.
  • Situaciones que supongan grave peligro, que son aquellas en las que exista la posibilidad debidamente comprobada de que cualquiera de los acontecimientos o situaciones anteriores ocurra de manera inminente.
  • Emergencias sanitarias, que son aquellas declaradas por el ente rector del sistema nacional de salud conforme a la ley de la materia.

Base legal:

Procedimiento para la declaratoria de emergencia sanitaria
Los Gobiernos Locales, en coordinación con los Gobiernos Regionales, pueden solicitar la declaratoria de emergencia sanitaria, con solicitud dirigida ante el Viceministerio de Salud Pública.

Para tal efecto, deben acreditar el supuesto que la configura con la documentación que corresponda y adjuntar lo siguiente:

a) Solo si la solicitud de declaratoria de emergencia sanitaria se sustenta en el supuesto de riesgo elevado, se debe adjuntar el Anexo N° 1 del Reglamento “Guía y flujograma para la determinación de riesgo elevado en el contexto de la configuración de una Emergencia Sanitaria”, debidamente desarrollado.

b) Informe técnico de acuerdo a la matriz “Formato del Informe Técnico para el Sustento de la solicitud de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria que incluye el listado de bienes y/o servicios requeridos” (Anexo 2 del Reglamento).

c) Propuesta de Plan de Acción elaborado por la Gerencia Regional de Salud (GERESA) o Dirección Regional de Salud (DIRESA) o las que hagan sus veces, o el organismo u organismo proponente.

d) Actividades programadas en el Plan Operativo Anual (POA), relacionadas con la prevención y control del supuesto que configure la emergencia sanitaria según Anexo N° 3 del Reglamento, que incluye presupuesto programado, ejecutado y comprometido, así como los saldos existentes.

e) Relación de actividades complementarias considerando el presupuesto requerido y relacionadas con el Plan de Acción correspondiente, según Anexo N° 4, “Actividades Complementarias Considerando el Presupuesto Requerido y Relacionadas con el Plan de Acción Correspondiente”, considerando el presupuesto institucional de las unidades ejecutoras de salud.

f) Si los Gobiernos Regionales requieren mayores recursos para responder a la emergencia sanitaria, deben adjuntar a su solicitud el Plan Operativo Anual (POA), con actividades y presupuestos programados, ejecutados y con fondos comprometidos por fuentes de financiamiento y genéricas de gasto con carácter de declaración jurada.

El Viceministerio de Salud Pública, recibida la solicitud de declaratoria de emergencia sanitaria, convoca de manera inmediata al Comité Técnico para que evalúe la solicitud, el Informe Técnico y la propuesta del Plan de Acción incluyendo la información presupuestal. Concluida la evaluación dentro de un plazo no mayor de cuatro días hábiles, luego de recibido el expediente, el Comité Técnico emite un informe sustentado que podrá determinar Opinión Favorable u Opinión Desfavorable.

De ser favorable la opinión emitida en el informe del Comité Técnico, el expediente completo es remitido, a través de su secretaría técnica, al Despacho Ministerial del Ministerio de Salud (Minsa), incluyendo el proyecto de Decreto Supremo, para que continúe su trámite ante el Consejo de Ministros. De no ser favorable la opinión contenida en el informe, el Comité Técnico devolverá el expediente al Viceministerio de Salud Pública para su comunicación al solicitante, procediéndose al archivo del expediente en mención.

Base legal:

  • Artículos 6, 7, 8 y 9 del Decreto Supremo N° 007-2014-SA, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1156 que dicta medidas destinadas a garantizar el servicio público de salud en los casos en que exista un riesgo elevado o daño a la salud y la vida de las poblaciones.

Competencia de las municipalidades para controlar la libertad de tránsito de las personas
A las municipalidades no les compete el control del tránsito de las personas.

En casos de Declaratoria de Estado de Emergencia que suponen la restricción del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, como es el caso de lo establecido en el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, las entidades competentes para ejecutar dichas medidas son la Policía Nacional del Perú (PNP), con el apoyo de las Fuerzas Armadas (FF. AA.). Estas aseguran el cumplimiento de lo dispuesto por la norma que declara el estado de emergencia, para lo cual pueden practicar las verificaciones e intervenciones de las personas, bienes, vehículos, locales y establecimientos que sean necesarios para comprobar y, en su caso, impedir que se lleven a cabo los servicios y actividades no permitidos, en cuyo caso, ejercen el control respecto de la limitación del ejercicio de la libertad de tránsito a nivel nacional de las personas. Las municipalidades están obligadas a colaborar con la PNP en dicha labor.

En particular, el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM establece que las autoridades locales tienen el deber de colaborar y no obstaculizar la labor de las autoridades policiales y militares en el ejercicio de sus funciones. Además, los gobiernos locales contribuyen al cumplimiento de las medidas establecidas en dicho Decreto Supremo, en el marco de sus competencias.

Base legal:

  • Numeral 1 del artículo 137 de la Constitución Política del Perú.
  • Incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, apartado f del mismo artículo de la Constitución Política del Perú.
  • Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19.

Competencia de la municipalidad en temas de salud pública
Las municipalidades tienen competencia para construir y equipar postas médicas, botiquines y puestos de salud en coordinación con los órganos locales, regionales y nacionales competentes.

Las municipalidades provinciales tienen competencia para gestionar la atención primaria de la salud, así como construir y equipar postas médicas, botiquines y puestos de salud, en coordinación con las municipalidades distritales, centros poblados y los organismos regionales y nacionales pertinentes.

Las municipalidades distritales tienen competencia para coordinar con las municipalidades de centros poblados para la realización de campañas de control de epidemias, así como gestionar la atención primaria de salud, construir y equipar postas médicas, botiquines y puestos de salud en los centros poblados que los necesiten, en coordinación con las municipalidades provinciales, los centros poblados y los organismos regionales y nacionales pertinentes.

Base Legal:

  • Artículo 80° de la Ley Nº 27972, la Ley Orgánica de Municipalidades.

¿Es necesario emitir ordenanzas para implementar el Decreto Supremo 044-PCM 2020, que declara la emergencia?
Si bien no es una obligación, sí sería recomendable hacerlo previa evaluación y precisión de las medidas a adoptar en el marco de las competencias municipales, las cuales contribuyan a complementar la medida adoptada por el Poder Ejecutivo. De darse el caso, inclusive, el Concejo Municipal podría acordar modificar su Reglamento interno del concejo para llevar a cabo sesiones virtuales excepcionales y extraordinarias.

Las municipalidades tienen autonomía económica, política y administrativa, y en ese marco pueden emitir ordenanzas u otras normas para complementar las normas de alcance nacional, como en este caso el Decreto de Urgencia que declara el estado de emergencia, siempre que dichas medidas se realicen en el marco de sus competencias definidas por Ley.

En tal sentido, si la municipalidad requiere otro tipo de normas, puede realizar sesiones virtuales (conforme al Reglamento interno del concejo) donde aprueben los procesos complementarios. Así, por ejemplo, puede realizar modificaciones presupuestales, priorización de inversiones, ampliación de recursos para acciones humanitarias, etc., de forma complementaria.

Base Legal:

Pago por los 30 días laborados a los trabajadores municipales, teniendo en cuenta que ha habido inasistencia
Durante este estado de emergencia, corresponde hacer el pago completo del mes.

Los decretos de urgencia N° 026-2020 y N° 029-2020 han previsto la modalidad de trabajo remoto. Esto significa que durante el periodo de la emergencia pueden existir servidores bajo esa modalidad de prestación de servicios, lo cual significa que siguen prestando labores y, por lo tanto, les corresponde su remuneración.

Adicionalmente, dichos decretos de urgencia han previsto que en los casos en que no se pueda realizar trabajo remoto, procede la licencia con goce de haber compensable. Esto significa que los servidores percibirán su remuneración sin prestar los servicios correspondientes; sin embargo, al término de la emergencia, deberán compensar los días no laborados.

Para el pago correspondiente, la norma ha previsto que cada entidad designe al equipo mínimo que deberá asistir para cumplir con labores esenciales, lo que incluye al personal administrativo mínimo necesario para el pago de planillas.

Base Legal:

Sobre posibilidad de dar bonificación extraordinaria a los trabajadores municipales
En el marco de la emergencia, no sería factible pagar bonificaciones extraordinarias salvo que estén expresamente establecidas en la ley.

El artículo 6 del Decreto de Urgencia N° 014-2019, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2020, establece que “queda prohibida la aprobación de nuevas bonificaciones, beneficios, asignaciones, incentivos, estímulos, retribuciones, dietas, compensaciones económicas y conceptos de cualquier naturaleza con las mismas características señaladas anteriormente”.

En el marco de la emergencia, las bonificaciones extraordinarias para personal de salud se han previsto en decretos de urgencia que tienen rango de ley; por tanto, las bonificaciones para personal de limpieza u otros tendrían que estar reconocidos en una norma de este nivel.

Base Legal:

Modificaciones presupuestarias para atender la emergencia por el COVID 19

Las modificaciones presupuestarias en el nivel Funcional y Programático son aprobadas mediante Resolución del Titular, a propuesta de la Oficina de Presupuesto o de la que haga sus veces en la entidad.

A su vez, el Titular ( generalmente el alcalde) puede delegar dicha facultad de aprobación, a través de disposición expresa, la misma que debe ser publicada en los medios que corresponda.

En los casos de modificaciones presupuestarias en el nivel institucional, específicamente relacionadas a los créditos suplementarios que se aprueben, estas deben ser aprobadas por Acuerdo de Concejo Municipal.

Por lo tanto, en relación a las modificaciones presupuestarias en el nivel Funcional y Programático, no se requiere acuerdo de concejo, pero en relación a las modificaciones relacionadas a los créditos suplementarios es indispensable el acuerdo del Concejo Municipal.

Base Legal:

Materia administrativa y presupuestal en emergencia

Entérate más sobre la organización del trabajo para evitar el contagio, modificaciones presupuestales, paralización de obras por el estado de emergencia, etc.
Instrumentos normativos para organizar el trabajo con miras a evitar el contagio del coronavirus
Conforme indica el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, las autoridades locales tienen el deber de colaborar y contribuir al cumplimiento de las medidas establecidas, en particular respecto a la suspensión del ejercicio de derechos constitucionales y la limitación al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito de las personas.

Así, las municipalidades, en el ejercicio de su autonomía normativa, pueden expedir ordenanzas a través de las cuales se adopten medidas concretas y específicas que, alineadas con la declaratoria de emergencia nacional, permitan organizar el trabajo con el objetivo de contribuir a la lucha contra la propagación del Coronavirus (COVID-19). Asimismo, es posible emitir Acuerdos de Concejo Municipal para aprobar determinados lineamientos que orienten el trabajo de la municipalidad en este contexto de emergencia nacional. Finalmente, resulta posible que el Alcalde emita un Decreto de Alcaldía determinando tareas y actividades específicas para los funcionarios y colaboradores municipales.

También se puede emitir una Resolución de Gerencia Municipal para organizar el trabajo de todas las áreas que por razones de emergencia deban asistir a la entidad.

Base Legal

Modificaciones presupuestales para atender la emergencia sanitaria por el coronavirus
Sí, es procedente efectuar las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a las específicas de gastos distintas a las restringidas en el Art. 9 del Decreto de Urgencia N° 014-2019 de la Genérica de Gastos Bienes y Servicios.

Es importante mencionar que el presupuesto destinado a la atención de esta emergencia se debe asignar en la Categoría Presupuestal 9002: Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos, a la ACTIVIDAD 5006269: Prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus.

Base legal

  • Art. 47 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
  • Art. 9 del Decreto de Urgencia N° 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020.
  • Art. 6, numeral 6.3. del Decreto de Urgencia N° 025-2020, que dictan medidas urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-19 en el territorio nacional.
  • Decreto de Urgencia N° 026-2020, que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus (covid-19) en el territorio nacional, en su segunda disposición complementaria final que exceptúa sólo al Poder Ejecutivo de lo establecido en los numerales 9.4, 9.7, 9.8 y 9.9 del Art 9° del DU 014-2019.

Sobre talleres de presupuesto participativo
Si, al haberse declarado el estado de emergencia nacional, todas las actividades públicas quedan suspendidas, por lo menos por los quince días señalados en la norma, esto incluye a los procesos de presupuesto participativo

Durante el presente Estado de Emergencia Nacional queda restringido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio

En relación al presupuesto participativo, se deben reprogramar sus fechas e inclusive, debería evaluarse la posibilidad de que el mismo pueda hacerse por vía virtual, si existiesen las condiciones, luego de culminada la restricción del estado de emergencia.

Hay que recordar que en el caso de actividades o eventos que impliquen la concentración de personas en espacios cerrados o abiertos que ofrezcan mayores riesgos para la transmisibilidad del COVID-19, corresponde a la autoridad competente, en este caso la municipalidad, evaluar los riesgos para determinar la pertinencia de su realización.

Base legal

  • Artículo 2°, 2.1.3 del Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19, aprobada con Decreto Supremo N° 008-2020-SA.
  • Incisos 9, 11 y 12 del artículo 2° y en el inciso 24, apartado f del mismo artículo de la Constitución Política del Perú.

Municipalidades que pueden asumir costos frente a la insuficiencia de recursos transferidos por los Decreto de Urgencia N° 025 y 026
Si es posible, pueden utilizar sus propios recursos para financiar la misma actividad.

Ante una declaratoria de estado de emergencia es procedente efectuar las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a las específicas de gastos distintas a las restringidas en el Art 9 del DU 014-2019 de la Genérica de Gastos Bienes y Servicios.

Base legal

  • Art. 47 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
  • Art. 9 del Decreto de Urgencia N° 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020.
  • Art. 6, numeral 6.3. del Decreto de Urgencia N° 025-2020, que dictan medidas urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-19 en el territorio nacional.
  • Decreto de Urgencia N° 026-2020, que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus (covid-19) en el territorio nacional, en su segunda disposición complementaria final que exceptúa sólo al Poder Ejecutivo de lo establecido en los numerales 9.4, 9.7, 9.8 y 9.9 del Art 9° del DU 014-2019.

Paralización de obras en ejecución por el estado de emergencia

Las obras se paralizan por no estar contempladas dentro de las excepciones de trabajo previstas en el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que establece el Estado de Emergencia Nacional. Conforme a ello, corresponde solicitar la ampliación del plazo contractual, no siendo un hecho atribuible al contratista.

El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:

Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista

Para que proceda una ampliación de plazo el contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Tratándose de mayores metrados en contratos a precios unitarios, el residente anota en el cuaderno de obra el inicio de la causal, luego de la conformidad emitida por el supervisor, y el final de esta a la culminación de los trabajos. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, con copia a la Entidad, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente.

El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe.

En caso el inspector o supervisor no emita el informe al que se refiere el numeral anterior, la Entidad resuelve sobre la ampliación solicitada y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde el vencimiento del plazo previsto para el inspector o supervisor, bajo responsabilidad.

Dentro del plazo de veinte (20) días hábiles de presentada la solicitud, la entidad no se pronuncia y no existe opinión del supervisor o inspector, se considera ampliado el plazo solicitado por el contratista.

Base legal

Competencias en temas de regulación

Averigua más sobre la suspensión de espectáculos públicos y la definición de los horarios de cierre de centros comerciales o mercados por el estado de emergencia nacional.
Suspensión de una fiesta patronal
Se puede suspender una fiesta patronal con concentración de gente. En aplicación del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM emitido por el Gobierno Nacional. Asimismo, se tiene como sustento normativo el Decreto Supremo N° 008-2020-SA que declara en emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19.

La municipalidad debe proceder a la suspensión del evento y clausura del local en caso persista en su realización.

Base Legal:

  • Artículo 2° del Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM.
  • Decreto Supremo N° 008-2020-SA. Decreto Supremo que declara en emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19.

Suspensión de espectáculos públicos así concurran menos de 300 personas
El decreto supremo que declara estado de emergencia nacional ha suspendido la realización de todo tipo de espectáculos públicos.

Durante el estado de emergencia nacional queda restringido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio. La libertad de reunión comprende la participación de personas en espectáculos públicos, fiestas, discotecas, y todo tipo de reunión.

Así, la norma dispone la suspensión del acceso al público a los locales y establecimientos, a excepción de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, grifos y establecimientos de venta de combustible. La norma suspende cualquier otra actividad o establecimiento que, a juicio de la autoridad competente, pueda suponer un riesgo de contagio.

Más concretamente, el decreto supremo suspende el acceso al público a los museos, archivos, bibliotecas, monumentos, así como a los locales y establecimientos en los que se desarrollen espectáculos públicos, actividades culturales, deportivas y de ocio.

Suspende también las actividades de restaurantes y otros centros de consumo de alimentos. Asimismo, suspenden los desfiles, fiestas patronales, actividades civiles y religiosas, así como cualquier otro tipo de reunión que ponga en riesgo la salud pública.

En esa medida, corresponde a la Municipalidad, coordinar con la Policía Nacional, la Fiscalía de Prevención del Delito y las Fuerzas Armadas, la implementación de las medidas. Se precisa que no es necesario dictar una ordenanza, sino se trata de contribuir a implementar las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional, garantizando que los espectáculos públicos, discotecas, eventos deportivos, fiestas patronales, sean suspendidos.

Base legal

Cierre de centros comerciales y mercados antes del horario establecido por el estado de emergencia

Los Alcaldes pueden definir la hora límite de cierre de centros comerciales y mercados, sin embargo, no pueden establecer horarios que contravengan los objetivos de la estrategia nacional de prevención de la propagación del Coronavirus (COVID -19), toda vez que serían incompatible con el principio de razonabilidad y hasta podría constituir una afectación a los derechos fundamentales de las personas (derecho a la alimentación y libertad de empresa, fundamentalmente).

De acuerdo con el ordenamiento jurídico nacional, los gobiernos locales, en el ejercicio de su autonomía normativa, tienen competencia para regular aspectos relacionados a la comercialización de alimentos y bebidas, en concordancia con las normas nacionales sobre la materia.

En efecto, el numeral 2.6 del artículo 73 de la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM) señala como competencia municipal, “el servicio público local de abastecimiento y comercialización de productos y servicios”. Asimismo, el numeral 1.1 del artículo 83 de la mencionada ley orgánica señala que es competencia exclusiva de las municipalidades provinciales, “regular las normas respecto del acopio, distribución, almacenamiento y comercialización de alimentos y bebidas, en concordancia con las normas nacionales sobre la materia”. A su vez, de acuerdo con el numeral 3.1 del inciso 3 del artículo 83 de la LOM establece que son competencia exclusiva de las municipalidades distritales “controlar el cumplimiento de las normas de higiene y ordenamiento del acopio, distribución, almacenamiento y comercialización de alimentos y bebidas, en concordancia con las normas provinciales”.

En ese marco, las municipalidades a nivel nacional han publicado diversas ordenanzas, a través de las cuales han regulado los horarios de funcionamiento de Centros Comerciales, mercados y otros establecimientos comerciales.

Ahora bien, en el marco de la estrategia nacional de prevención de la propagación del Coronavirus (COVID -19), el gobierno nacional mediante los Decretos Supremos N° 044-2020-PCM y N° 046-2020-PCM ha determinado la declaratoria de emergencia nacional, estableciendo la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios desde las 20.00 horas hasta las 05.00 horas del día siguiente con excepción del personal estrictamente necesario que participa en la prestación de los servicios de abastecimiento de alimentos, salud, medicinas, la continuidad de los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustibles, telecomunicaciones, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios, y transporte de carga y mercancías y actividades conexas, según lo estipulado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

De este modo, el gobierno nacional considera indispensable como parte de la estrategia nacional de lucha contra la propagación del Coronavirus (COVID -19), asegurar el acceso de la ciudadanía en general a los alimentos y servicios de primera necesidad. De ahí que el personal que presta servicios de abastecimiento de alimentos está exceptuado expresamente de la obligatoriedad de inmovilización social.

En tal sentido, no resulta coherente con la estrategia nacional, el que las Municipalidades emitan normas que establezcan horarios límite de cierre de centros comerciales y mercados que restrinjan aún más el horario establecido por el estado de emergencia nacional al infringir el principio de razonabilidad e inclusive derechos fundamentales de las personas (derecho a la alimentación y libertad de empresa, fundamentalmente).

Resulta importante que las autoridades municipales evalúen y justifiquen razonablemente la emisión de normas que determinen el establecimiento de horarios límites de cierre de centros comerciales y mercados, toda vez que contrariamente a posibilitar el pleno acceso de la ciudadanía a los alimentos de primera necesidad, lo estarían obstaculizando al fijar horarios irrazonables, que en lugar de contribuir al aislamiento social planteado podría más bien generar el efecto contrario.

Finalmente, cabe recordar que de conformidad con el artículo 11 del Decreto Supremo 044-2020-PCM que establece la declaratoria de emergencia nacional, las municipalidades y demás entidades públicas deben dictar las normas necesarias, en el marco de sus competencias, para el cumplimiento de lo estipulado en dicho decreto, es decir, deben contribuir al cumplimiento de los objetivos y no generar mayores restricciones a lo establecido en el contexto de una declaratoria de emergencia.

 

Regulación y operación de servicios públicos

Revisa cuáles son las competencias de las municipalidades en la gestión de residuos peligrosos y residuos sólidos de personas con posibles síntomas de coronavirus.
Competencias en la gestión de residuos peligrosos
La gestión de residuos peligrosos, concretamente los generados por establecimientos de salud, son competencia de dichos establecimientos; a la municipalidad le corresponde asegurarse que cumplan la norma y solo realizar el recojo de residuos comunes.

Los establecimientos de salud son generadores de residuos peligrosos, residuos que representan un riesgo significativo para la salud o el ambiente.

La norma técnica señala que los establecimientos de salud deben clasificar los residuos biocontaminados (biológicos, de atención al paciente, bolsas conteniendo sangre humana y hemoderivados, residuos quirúrgicos y anatomopatológicos, punzocortantes y de animales contaminados), así como los residuos especiales (residuos químicos peligrosos, residuos farmacéuticos, residuos radioactivos) y los residuos comunes (papeles de la parte administrativa que no hayan estado en contacto directo con el paciente y no se encuentren contaminados; vidrio, madera, plásticos, metales, placas radiográficas, frascos de sueros sin equipos de venoclisis, otros que no hayan estado en contacto directo con el paciente y que no se encuentren contaminados y son objetos de valorización, incluyendo materiales de uso médico, clínico y de investigación que nunca han sido utilizados y que se encuentran deteriorados o vencidos así como restos de preparación de alimentos en la cocina, de la limpieza de jardines, otros y son objetos de valorización); ocurre que ciertos establecimientos no lo hacen.

En ese marco, las municipalidades, deben verificar que los establecimientos de salud clasifiquen los residuos y solo brindar servicio de recojo de los residuos municipales o comunes, a fin de evitar daños en la salud pública y en el ambiente, sobre todo en el contexto de la pandemia del coronavirus, evitando así que se entreguen al gobierno local residuos peligrosos como si fueran residuos comunes.

Corresponde a los establecimientos de salud y en particular a los gobiernos regionales a través de sus Direcciones Regionales de Salud, asegurar que la clasificación, recojo, transporte y disposición final de residuos sólidos se ejecute conforme a las normas técnicas. En caso de incumpla la norma, las municipalidades deben coordinar con las Direcciones Regionales de Salud y los mismos establecimientos la implementación de medidas que garanticen la protección de la salud pública y el ambiente.

Base legal

  • Artículo 55 del Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Decreto Legislativo N° 1278.
  • Norma Técnica de Salud: Gestión integral y manejo de residuos sólidos en establecimientos de salud, servicios médicos de apoyo y centros de investigación. NTS N° 144-MINSA/2028/DIGESA

Manejo y tratamiento de residuos sólidos en emergencia sanitaria
En primer lugar, se debe recordar que, durante el Estado de Emergencia nacional, se garantiza, entre otros, la continuidad de los servicios de agua, saneamiento, limpieza y recojo de residuos sólidos.

En esta etapa de declaratoria de emergencia nacional y sanitaria, el Ministerio del Ambiente (MINAM), como ente rector, se constituye en aliado importante para los gobiernos locales en la tarea de limpieza, recojo y disposición final de los residuos sólidos.

Se ha autorizado para que el MINAM, de manera excepcional, en el año fiscal 2020, pueda realizar contrataciones de bienes y servicios para el manejo y tratamiento de residuos municipales y biocontaminados en el ámbito de Lima y Callao, a requerimiento del Ministerio de Salud y gobiernos locales, para ser destinado a la prevención del COVID-19.

No se ha previsto para que esto último también se disponga para otros lugares del país, pero la misma podría ser ampliada a solicitud de los gobiernos locales. Pero lo que sí es necesario, es que el Ministerio de Ambiente es el ente rector, el cual recibirá todas las consultas e indicaciones sobre el manejo de residuos sólidos de las municipalidades.

Base legal

  • Artículo 10° del Decreto de Urgencia Nº 026-2020, Decreto de Urgencia que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional.
  • Artículo 2° del Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM.

Organización del recojo de residuos sólidos generados por personas que presentan posibles síntomas de coronavirus
La municipalidad, en coordinación con los establecimientos de salud, organiza campañas de sensibilización y educación sanitaria e higiene.

La Ley Orgánica de Municipalidades (LOM) establece que son competencias compartidas de las municipalidades provinciales realizar campañas de medicina preventiva, primeros auxilios, educación sanitaria y profilaxis local. Y, de otro lado, en cuanto a las competencias de las municipalidades distritales, la norma específica que les corresponde regular y controlar el aseo, higiene y salubridad en los establecimientos comerciales, industriales, viviendas, escuelas, piscinas, playas y otros lugares públicos locales.

En esa medida, y en estas circunstancias en que se requiere la articulación de esfuerzos para detener la propagación de la pandemia del coronavirus las municipalidades, en coordinación con los establecimientos de salud, deberían establecerse las siguientes medidas de higiene y sanidad:

  • Aislamiento de las personas en una habitación particular.
  • Lavado permanente y adecuado de manos.
  • Uso de recipientes exclusivos para las personas con posibles síntomas.
  • Almacenamiento de los residuos de las personas con posibles síntomas en recipientes y bolsas de uso personal.
  • Entrega de los residuos al servicio de limpieza pública indicando su procedencia.

A su vez la municipalidad debe instruir al personal de limpieza pública respecto a medidas de seguridad sanitaria: mascarillas, guantes, aseo, disposición de servicios higiénicos adecuados, vestimenta, forma de recojo, entre otros, para evitar contagios.

Las Oficinas de Imagen Institucional o Comunicaciones deben difundir estas medidas a la población.

A su vez la Unidad de Gestión de Recursos Humanos de las municipalidades tienen responsabilidades en la implementación de medidas de seguridad y salud en el personal, en particular del personal que presta servicios de limpieza pública.

Base legal

Organización de la disposición final residuos sólidos generados por personas que presentan posibles síntomas de coronavirus

En caso las personas con posibles síntomas de encuentren en estado de aislamiento en sus casas, la municipalidad debe recoger los residuos en bolsas especiales y disponerlas en celdas acondicionadas para evitar contagios.

La disposición final de residuos sólidos debe verse en todo su ciclo de producción:

  1. Generación y almacenamiento de los residuos orgánicos e inorgánicos de la persona que presenta síntomas de coronavirus.
  2. Recojo de los residuos.
  3. Transporte.
  4. Disposición final.

Respecto a la generación de residuos, estos deben ser almacenados en bolsas y recipientes especiales, distintos a los recipientes donde se almacenan los residuos comunes o domésticos de personas sin sintomatología.

Las municipalidades deben asegurarse de recoger estos residuos en bolsas especiales, acondicionando recipientes especiales para su transporte.

Una vez transportados, los residuos deben ser depositados en celdas que deben ser selladas inmediatamente, para evitar que queden en la superficie del terreno y se conviertan en focos infecciosos. Las capas de tierra para el sellado deben asegurar se eviten riesgos de infecciones.

En el Perú, la mayoría de municipalidades no dispone adecuadamente los residuos sólidos en rellenos sanitarios, lo hacen en botaderos. Esta situación no va a cambiar en el corto plazo, por esa razón, se deben tomar medidas adecuadas para depositar los residuos en celdas acondicionadas y selladas adecuadamente.

Base legal

Transporte y movilidad

Conoce qué puede hacer una municipalidad en caso de que las unidades de transporte público estén sucias y cómo puede apoyar en los accesos a puertos para facilitar la cadena logística de exportación.
¿Qué hacer si las unidades de transporte público están sucios y son fuente de posible contagio de coronavirus?
La municipalidad provincial, ordena a las empresas de transportes que los buses que operan sus rutas bajo la licencia otorgada deben ser lavados y desinfectados interdiario como mínimo.

La municipalidad debe notificar por escrito a la empresa de transporte la necesidad y obligación de limpiar y desinfectar los buses. Pudiendo multar en caso de no hacerlo.

Se debe supervisar el servicio público de transporte urbano de su jurisdicción, mediante la supervisión, detección de infracciones, imposición de sanciones y ejecución de ellas por incumplimiento de las normas o disposiciones que regulan dicho servicio, con el apoyo de la Policía Nacional asignada al control de tránsito.

Base legal

Accesos a puertos para facilitar la cadena logística de exportación

Las municipalidades no tienen competencias relacionadas al funcionamiento o acceso directo a los puertos, pero sí podrían coadyuvar a mejorar los accesos y seguridad externas hacia dichos lugares.

Las municipalidades pueden, en coordinación con la autoridad portuaria nacional, brindar apoyo para la seguridad y acceso externo de los puertos, así como el apoyo a la vigilancia de los vehículos que se dediquen a dicha labor.

La seguridad de la cadena logística de exportación es clave en estos momentos de emergencia nacional, no solo para la exportación, sino también para la importación, tanto de alimentos como de medicinas. Por lo que, las municipalidades deberán de brindar las máximas facilidades y seguridad para que dicha función se siga realizando.

Hay que recordar que a todas las empresas que brindan los servicios portuarios, así como la comunidad portuaria y logística en general, no les alcanza las medidas restrictivas del decreto de emergencia nacional (Decreto Supremo N° 044-2020-PCM).

Base legal

Fiscalización y control municipal

Entérate de las medidas de los gobiernos locales en los mercados ante posibles casos de compra masiva de productos, informalidad, el uso de espacios públicos y más.
Medidas ante compra masiva de productos de higiene, salud y alimentos y el riesgo de generar desabastecimiento
Las Municipalidades, en el ejercicio de su competencia en materia de abastecimiento y comercialización de productos y servicios, pueden disponer las siguientes medidas:

  • Limpieza general permanente y recolección selectiva de los residuos sólidos que se generen en los mercados.
  • Reordenamiento de comerciantes, a quienes se les deberá informar y capacitar sobre la importancia de asegurar condiciones mínimas de salubridad.
  • Controlar el cumplimiento de las normas de higiene y ordenamiento del acopio, distribución, almacenamiento y comercialización de alimentos y bebidas.
  • Apoyar en el orden y la seguridad para que la población pueda acceder a productos y servicios de primera necesidad.

Base Legal

Artículo 80 y 83 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972.

Medidas para casos de mercados informales con alta afluencia de público y sin servicios higiénicos básicos
Las Municipalidades tienen competencia para cerrar temporal o definitivamente aquellos mercados informales en los que se denote gran afluencia de público y en los que no existan las condiciones mínimas indispensables para una adecuada atención a la población, como, por ejemplo, la falta de servicios higiénicos o la presencia de focos infecciosos. En ese sentido, la Gerencia de Fiscalización y/o Comercialización de las Municipalidades con el apoyo del Serenazgo y en coordinación con la Policía Nacional y el Ministerio Público, podrían establecer un operativo para disponer el cierre de aquellos mercados que no cuenten con autorización municipal vigente para funcionar. Asimismo, resultaría importante que se pueda controlar el comercio ambulatorio.

Base Legal

Numeral 83.3 del artículo 83 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972.

Medidas respecto al uso de espacios públicos: parques recreacionales y alamedas
Con la declaratoria de emergencia nacional, se ha dictado procedimientos relacionados al acceso a los espacios públicos, señalando que los mismos se deben de suspender, pero los gobiernos locales deben garantizar su limpieza y cuidado para que no se conviertan en focos que contribuyan a la expansión del virus.

Se ha dispuesto la suspensión del acceso al público a los locales y establecimientos, a excepción de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, grifos y establecimientos de venta de combustible. Se suspende cualquier otra actividad o establecimiento que, a juicio de la autoridad competente, pueda suponer un riesgo de contagio.

Es decir, los gobiernos locales deben de tomar las medidas necesarias para la suspensión del acceso a todos los espacios públicos que puedan suponer un riesgo de contagio para sus ciudadanos. Pero, se reitera, las municipalidades deben de seguir brindando los servicios de limpieza y cuidado de todos los espacios públicos y domiciliarios

Base legal

Artículos 2° y 7° del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM.

Plazos legales que se están suspendiendo a través del Decreto de Urgencia 026-2020

Con la publicación del Decreto de Urgencia N° 026-2020, se determinó la suspensión de los siguientes plazos legales:

Por treinta días hábiles, el cómputo de los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y negativo que se encuentren en trámite a la entrada en vigencia del mencionado decreto de urgencia. Este plazo inclusive puede ser prorrogado mediante Decreto Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros.

  • Los Ministerios del Poder Ejecutivo podrán aprobar mediante Decreto Supremo el listado de aquellos procedimientos cuya tramitación no se encontrará sujeto a lo señalado en el punto anterior.
  • Por treinta días, el cómputo de los plazos vinculados a las actuaciones de los órganos rectores de la Administración Financiera del Sector Público, y de los entes rectores de los sistemas funcionales, incluyendo aquellos plazos que se encuentren en trámite a la entrada en vigencia del mencionado decreto de urgencia. Mediante resolución de cada órgano rector, se puede prorrogar el plazo antes mencionado, así como dictar normas complementarias.
  • En el marco del Estado de Emergencia declarado mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, el Poder Judicial y los organismos constitucionales autónomos disponen la suspensión de los plazos procesales y procedimentales que consideren necesarios a fin de no perjudicar a los ciudadanos, así como las funciones que dichas entidades ejercen.

Base Legal

Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020.

Medidas en recursos humanos

Infórmate sobre quiénes deben asistir a trabajar presencialmente y el cálculo de la remuneración para trabajadores con órdenes de servicio u obreros.
Situación laboral de los trabajadores Municipales y asistencia a su centro laboral
Solo debe asistir al centro laboral el equipo de trabajadores mínimo necesario que permitan la prestación o acceso de bienes y servicios esenciales establecidos en el Decreto Supremo 044-2020-PCM.

Conforme a la normativa aprobada en relación al Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, se debe reducir al mínimo la cantidad de trabajadores estatales en el centro de trabajo.

La oficina de recursos humanos, en coordinación con las áreas orgánicas competentes, deben identificar al equipo mínimo de servidores que por la naturaleza de sus funciones deben seguir acudiendo al centro de trabajo (tales como personal de limpieza pública, saneamiento, atención de mercados de abasto, camal, entre otros); y los demás deberán cumplir con sus labores de manera remota.

Es importante precisar que a aquellos trabajadores que estén en el grupo de riesgo por edad o factores clínicos (adultos mayores, diabéticos, hipertensos, entre otros) les corresponde obligatoriamente aplicar al trabajo remoto. En caso de que el tipo de funciones que realizan no permita realizar trabajo remoto, se les debe otorgar una licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior.

Estas medidas aplican a todos los trabajadores indistintamente de su régimen laboral y/o modalidad de contratación.

Cualquier consulta adicional pueden formularla a través de www.servir.gob.pe/ceci

Base legal

Cálculo de la remuneración para los trabajadores que no tienen contrato vigente de CAS o 276

En el caso de los obreros corresponde calcular la remuneración según su régimen laboral (Decretos Legislativos 728 o 1057 según corresponda).

Tratándose de locadores aplica lo que diga su orden de servicio, contrato y normatividad de la Ley de Contrataciones del Estado. En este caso, se les paga por producto y no por días laborales. Es decir, no hay modificaciones por efecto de la declaratoria de emergencia.

Base legal

Art. 24, Decreto Supremo 082-2019-EF, Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado 

Participación en temas de salubridad y salud

Conoce qué acciones puede tomar una municipalidad ante la reacción de los vecinos contra pacientes en cuarentena domiciliaria, el acaparamiento de productos de primera necesidad, etc.
Acciones frente a reacción contra pacientes en cuarentena domiciliaria por parte de vecinos
Son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú las encargadas de actuar en caso existan vulneraciones al orden público o entorpecimiento de los ciudadanos relacionadas a las reglas señaladas para la emergencia sanitaria y la emergencia nacional. Por lo tanto, ambas son las encargadas de actuar si hubiera cualquier acto de hostigamiento contra los pacientes en aislamiento con sospecha de tener el coronavirus.

Así, conforme indica el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, la ciudadanía, así como las autoridades nacionales, regionales y locales tienen el deber de colaborar y no obstaculizar la labor de las autoridades policiales y militares en el ejercicio de sus funciones. La implementación de las medidas de fuerza solo es ejercida por ellos. La intervención de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas se efectúa conforme a lo dispuesto en la normatividad vigente.

Base legal

Acciones para frenar el acaparamiento de productos de primera necesidad
La municipalidad puede intervenir, toda vez que las municipalidades tienen competencias en materia de mercados de abastos y comercialización de productos de primera necesidad, en concordancia con la normatividad vigente. De esta manera, las Municipalidades distritales y provinciales deben coordinar para orientar, capacitar y fiscalizar a los comerciantes en el contexto de la declaratoria de emergencia nacional, a fin de asegurar el adecuado abastecimiento de productos y servicios, así como evitar el acaparamiento de productos de primera necesidad en centros de abasto, mercados, farmacias, boticas o tiendas de abarrotes.

Además, la Municipalidad puede coordinar con la Dirección de Policía Fiscal, siendo que esta debe prevenir, combatir, investigar y denunciar, bajo la conducción jurídica del fiscal especializado, los delitos contra el orden económico, financiero y monetario cometidos por personas individuales, nacionales o extranjeras, en agravio del Estado.

Base Legal

Rol que puede asumir una Municipalidad en relación a los pacientes en cuarentena domiciliaria

La municipalidad debe garantizar los servicios básicos que permitan que las personas no tengan que salir de sus hogares; así, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, el establecimiento de salud correspondiente y el serenazgo o policía municipal, debe contribuir a vigilar la permanencia de las personas en el lugar de cuarentena.

Además, la municipalidad debe garantizar el servicio de limpieza pública en todo el distrito y, en especial, en las zonas de los hogares en cuarentena. Los residuos sólidos eliminados de esas zonas deben ser dispuestos y eliminados en el relleno sanitario de forma segura y el personal de la municipalidad debe estar debidamente protegido para el manejo de estos residuos.

Del mismo modo, la municipalidad debe promover la calidad de los servicios de salud que brindan los centros de salud públicos, en coordinación con el Ministerio de Salud y ESSALUD; así como, debe controlar el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en establecimientos industriales, comerciales, educativos, recreacionales y en otros lugares públicos, en coordinación con el Ministerio de Salud;

Base legal

Producción, competitividad y mercados

Si eres productor o exportador de frutos frescos, infórmate respecto a los responsables para asegurar la logística en el comercio internacional.
Los productores/exportadores de frutos frescos solicitan información respecto a los responsables para asegurar la logística en el comercio internacional

El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), en el marco de los artículos N° 2 y N° 8 del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, hizo de conocimiento público, que con el fin de asegurar Ia adquisición, producción y abastecimiento de alimentos lo que incluye su almacenamiento y distribución para la venta al público, se permitirá Ia circulación de personal mínimo indispensable que desarrollan las siguientes actividades vinculadas al sector agrario:

  • Cosecha de productos a nivel nacional.
  • Mantenimiento de la sanidad agropecuaria.
  • Transporte de alimentos a los diversos centros de procesamiento y transformación, así como de almacenaje, distribución y comercialización.
  • Centros de procesamiento primario y secundario de alimentos.
  • Acopio y venta de alimentos agrícolas y pecuarios.
  • Cuidado y mantenimiento de plantas, animales, actividades agropecuarias y forestales.
  • Elaboración y entrega de materiales e insumos agrarios, lo que incluye la importación, formulación, transporte, comercialización de semillas y plantas; plaguicidas y fertilizantes incluyendo sus ingredientes activos, aditivos y envases que se utilizan para su formulación y uso.
  • Importación y exportación de productos agropecuarios.
  • Transporte de productos alimenticios en puertos y aeropuertos.
  • Operación de la infraestructura de riego mayor y menor para el abastecimiento de agua poblacional y agrícola.
  • Venta de productos alimenticios en mercados de abastos, bodegas y supermercados a nivel nacional.

Base legal

Medidas de inclusión social

Conoce el proceso de implementación del subsidio extraordinario por la emergencia sanitaria.
Proceso de implementación del subsidio extraordinario por la emergencia sanitaria

El Gobierno Nacional ha dispuesto el otorgamiento excepcional y por única vez de un subsidio monetario de S/. 380 a favor de los hogares en condición de pobreza o pobreza extrema de acuerdo al Sistema de Focalización de Hogares, que se encuentren en los ámbitos geográficos con mayor vulnerabilidad sanitaria definidos por el Ministerio de Salud (MINSA).

Corresponde, como primer paso, al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), aprobar el padrón de los hogares beneficiarios del subsidio monetario autorizado, en un plazo no mayor de dos días calendario a partir de la fecha de la publicación del decreto de urgencia, precisándose que la citada norma fue publicada el día 16.03.2020.

El subsidio monetario para la protección económica de los hogares en condición de pobreza o pobreza extrema, se otorga por única vez y durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria a nivel nacional, siempre que se declare el Estado de Emergencia y se dicten medidas vinculadas con la suspensión del ejercicio de derechos constitucionales relativos a la libertad de reunión y de tránsito.

El otorgamiento del subsidio monetario para la protección económica de los hogares se realiza a través del Banco de la Nación y otras entidades financieras privadas en el país.

Corresponde al Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres – JUNTOS del MIDIS, el otorgamiento del subsidio monetario. Para el financiamiento del mismo, se ha dispuesto una transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia, a favor del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), hasta por la suma de S/ 1 170 250 340,00 (mil ciento setenta millones doscientos cincuenta mil trescientos cuarenta y 00/100 soles).

El referido subsidio monetario puede cobrarse, como máximo, hasta treinta días calendario posteriores al término de la Emergencia Sanitaria. Culminado dicho plazo, dentro de los quince días calendario siguientes, el Banco de la Nación y las entidades financieras privadas en el país que hayan recibido recursos, procederán a extornarlos a la cuenta del Tesoro Público que el Ministerio de Economía y Finanzas comunique a las entidades financieras a través del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres – JUNTOS del MIDIS.

Base legal

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