Autoridades regionales y municipales en pie de lucha exigiendo derogación de ley que limita autonomía local

En una declaración conjunta, los gobernadores regionales y los alcaldes provinciales y distritales se han unido para expresar su enérgica protesta contra la Ley 31876, recientemente aprobada por el Congreso de la República del Perú. Esta ley, según las autoridades locales, limita la autonomía y las competencias regionales y municipales en el país.

La ley en cuestión impide a las entidades del Estado ejecutar por administración directa obras mayores a 50 unidades impositivas tributarias (247,500 soles), lo que ha generado una ola de críticas por parte de los representantes locales. Los gobernadores y alcaldes argumentan que esta restricción obstaculizará el desarrollo regional y local, afectando directamente a los ciudadanos y a la descentralización del país.

Los líderes regionales y municipales denuncian que estas leyes se están promulgando sin tomar en cuenta las voces de las regiones y, especialmente, de los municipios rurales. Además, hacen hincapié en que las obras ejecutadas por administración directa no solo generan empleos, sino que también permiten la contratación de mano de obra local, impulsando así el desarrollo económico en las comunidades.

“Exigimos al Congreso de la República escucharnos como representantes de las regiones y de los municipios, considerar la derogación urgente de la ley 31876”, declararon los líderes del Consejo Directivo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) y de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (REMURPE).

En respuesta a esta ley y en un esfuerzo por hacer oír sus voces, los gobernadores y alcaldes del Perú se han convocado a una reunión masiva en la Ciudad de Lima. La reunión está programada para el jueves 5 de octubre del 2023 a las 08:30 a.m. en el Pleno del Congreso de la República, ubicado en Plaza Bolívar, Av. Abancay S/N, Lima, Perú.

Este llamado a la acción refleja la unidad y la determinación de las autoridades regionales y municipales para proteger los intereses de sus comunidades y preservar la autonomía local. La derogación de la Ley 31876 se ha convertido en una causa común que une a líderes de todo el país en su búsqueda por un desarrollo regional y local sin restricciones indebidas.